El gobierno de Javier Milei, siempre juega al «fleje». Buscando las líneas, siempre.
No le pidan que regule el saque, que varíe los ángulos o de vez en cuando tire un «drop», para cambiar el ritmo.
La única manera que sabe jugar o entiende el juego, es pegándole a la pelota cada vez más plano y fuerte, buscando las líneas una y otra vez, con todos tiros ganadores.
Ese tipo de tenistas, puesto que la analogía nos remite a dicho deporte, por lo general, es complicado que tengan un rendimiento parejo, todos los juegos, o incluso logren mantener una regularidad durante el transcurso de un mismo partido, puesto que un día puede «levantarse» entonado y mandar todas adentro, para ganar 6-0 y 6-0, y al siguiente amanecer errático y tirarlas todas afuera, para esta vez, perder 6-0, 6-0.
En el caso del presidente Javier Milei y su «círculo de hierro», la decisión intempestiva (?) de nombrar por decreto presidencial al cuestionado juez federal, Ariel Lijo (con nada menos que 32 denuncias en el Consejo de la Magistratura) y al catedrático Manuel García-Mansilla, en comisión y durante el presente año legislativo (es decir, hasta el 30 de noviembre de 2025), como nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia, revela esa manera tan particular de jugar al juego de la política, siempre al límite y sin «aflojar un tranco de pollo», como dirían los abuelos.
Esta nueva «bomba neutrónica», que hiciera estallar en las entrañas de la política tradicional, simbolizada como en ningún otro ámbito, por el Senado de la Nación, repercutirá de maneras tan diversas como insospechadas, en todo la extensión del arco político, no sólo en el principal bloque opositor de Unión por la Patria en la Cámara Alta y sus dos líderes, Cristina y Kicillof (de allí la disputa interna, puesto que el peronismo jamás soportó la convivencia de dos liderazgos en un mismo tiempo y espacio), sino incluso en las bancadas «dialoguistas», que apoyan en general el rumbo del plan de gobierno y han colaborado con sus iniciativas parlamentarias, a pesar de haber sido sometidos a un denostamiento y un destrato casi permanentes de Milei, dentro de esa lógica de la sinrazón, de «morder» a quien le extiende la mano para ayudarlo.
Javier Milei, un presidente que juega a los «flejes» con las instituciones de la República.
Sin adentrarnos demasiado en tecnicismos legales complicados y que nos exceden, la realidad indica que el decreto firmado por el presidente convalidará el arribo de ambos, tanto de Lijo como de García Mansilla, a una Corte Suprema que desde principios de año funciona con tres jueces, tras la jubilación de Juan Carlos Maqueda, a fines de diciembre de 2024, y que desde mucho tiempo atrás lo hacía con cuatro integrantes (luego de la renuncia de Helena Highton de Nolasco, a principio de noviembre de 2021, al llegar a la edad límite de los 75 años), en una Corte que supo desenvolverse con un número variado de magistrados, entre los cinco del kirchnerismo y hasta los nueve en las épocas «doradas» del menemismo, siempre de conformidad a las necesidades del presidente de turno.
Asimismo, desde el fallecimiento de la jueza Carmen Argibay, el 10 de mayo de 2014, hasta la referida dimisión de Highton de Nolasco, desde el 1° de noviembre de 2021 que en la Corte Suprema no existe una magistrada mujer, algo que desde diversos sectores se viene reclamando y con sobradas razones, y que el actual gobierno tuvo la oportunidad histórica de enmendarlo, eligiendo a una mujer en el máximo tribunal, pero en su defecto optó por enviar al Senado, el pliego de Ariel Lijo, un juez tan cuestionado como polémico y que precisamente ocupará aquél lugar vacante de Elena Highton.
Si bien el presidente tiene la atribución de designar por decreto a jueces de la Corte, esa «legalidad» se da de cabeza con la «legitimidad» de los postulantes, cuyos pliegos jamás fueron aprobados en el Senado, precisamente el ámbito establecido por la Constitución para esa tarea.
También es cierto que Mauricio Macri, apenas llegado a la presidencia, en diciembre de 2015, firmó un decreto similar y designó en comisión a Horacio Rosatti (actual presidente de la Corte) y a Carlos Rosenkrantz, pero en definitiva y ante la andanada de críticas, incluso desde Cambiemos, su propia fuerza política, dio marcha atrás y ninguno de ellos asumió en comisión, como establecía su decreto, sino que optó por el camino constitucional del envío de los respectivos pliegos a la Cámara Alta, los cuales finalmente resultarían aprobados por los senadores (con el voto de los dos tercios de sus miembros presentes en sesión), para jurar en el máximo tribunal de la Nación, Rosatti en junio de 2016 y Rosenkrantz en agosto del mismo año.
En el caso de Lijo y García Mansilla, la diferencia es que el procedimiento elegido por el presidente Milei, fue exactamente al revés: primero envió los pliegos de ambos al Senado, donde ni siquiera tuvieron el aval necesario en la Comisión Unicameral de Acuerdos, y frente a ello, decidió desconocer y arremeter contra la Cámara Alta, nombrándolos por decreto, mientras esos mismos pliegos siguen su curso parlamentario entre los senadores (ocurre que, de retirarlos, ya no podría volver a presentarlos, por los menos proponiendo a los mismos protagonistas).
Qué pasaría si, durante el lapso de un año en que ambos son designados en comisión, por decreto, el plenario de los senadores se reúne y los rechazan en sesión?. Existiría algún grado evitable de inseguridad jurídica en sus decisiones? (Inversiones externas… AFUERA!).
Y en ese supuesto, qué ocurriría con la legalidad y validez de aquellos fallos en los que hayan intervenido ambos, como miembros del Supremo Tribunal, habiendo sido rechazados luego por el Senado de la Nación?.
Otro punto que genera dudas y controversias, es si el actual presidente de la Corte, Horacio Rosatti, le tomaría juramento a Ariel Lijo, ya que de acuerdo a la propia Corte, para asumir como miembro, debería primero renunciar a su cargo de juez federal, algo a lo que Lijo no estaría dispuesto y ya habría acordado con la Casa Rosada, tomar el atajo legalmente «gris» de una licencia extraordinaria en su actual juzgado federal. O el propio Milei asumiría ese juramento?.
Por si fuera poco y a fines del año pasado, ante las polémicas que ya se suscitaban por este tema, la propia Corte Suprema emitió una acordada, en la que dejó claramente explícito que puede funcionar sin inconvenientes con los actuales tres ministros, esto es, Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz (vice) y Ricardo Lorenzetti, puesto que en caso de necesitarlo podrían recurrir a la figura de los conjueces: abogados incluidos en un listado elaborado por el Poder Ejecutivo Nacional y aprobado por el Senado, que pueden reemplazar a los jueces (como subrogantes) e incluso a los ministros de la Corte, ante casos de recusación, excusación o cualquier otro impedimento procedimental.
Como sea, el gobierno de Javier Milei volvió a jugar al «fleje».
Mientras la clase política se «repone» de este nuevo «bombazo», es saludable tener presente algo:
No siempre lo «viejo» es la casta, ni lo «nuevo» es el cambio.
La Constitución, la división de poderes y las instituciones de la República?…
Hechos «pelota».
El juez federal, Ariel Lijo, designado por decreto presidencial en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ostenta nada menos que 32 denuncias en el Consejo de la Magistratura.