Según datos oficiales del Banco Central, a noviembre de 2024, el Banco de la Nación concentra el 18 por ciento de los depósitos privados y el 50 por ciento de los depósitos públicos, gestionando de esta manera, nada menos que un cuarto del total de los dineros argentinos confiados al sistema bancario argentino.
Incorporado dentro del artículo 48, del polémico mega-decreto de necesidad y urgencia N° 70/2023, auténtica «nave insignia» del gobierno de Javier Milei, que habilitaba la conversión de empresas y sociedades con participación estatal en sociedades anónimas, y luego excluido del listado de empresas sujetas a privatización, por un Congreso que necesitó de febriles negociaciones para aprobar la Ley Bases, cuyo consenso con «fórceps» sustituyó al DNU inicial, el Banco Nación pareció a salvo de la «motosierra» privatizadora, hasta que hace unos días y con el presidente en vuelo por novena vez hacia EEUU, su vocero presidencial Manuel Adorni, anunciara sorpresivamente la firma del decreto 116/2025, que permite la transformación del Banco de la Nación Argentina en una Sociedad Anónima y con ello, abierto al ingreso de capitales externos.
Con una extensa red de 658 sucursales en toda el país, que representa el 16 por ciento del sistema bancario local, la noticia cayó como una «bomba», en especial en el seno de la Asociación Bancaria, cuyo titular, Sergio Omar Palazzo, diputado nacional de Unión por la Patria, conoce de primera mano un dato gremial contundente: uno de cada cinco empleados bancarios, trabaja en el Nación.
El decreto privatizador en cuestión, publicado en el Boletín Oficial, en la madrugada del pasado 20 de febrero, transformó el «ente autárquico Banco de la Nación Argentina en Banco de la Nación Argentina Sociedad Anónima (BNA S.A.)», de modo tal que «los accionistas del BNA SA serán el Estado Nacional, quien tendrá la titularidad del 99,9% del capital social y que ejercerá todos sus derechos a través del Ministerio de Economía y la Fundación Banco de la Nación Argentina, que tendrá la titularidad del 0,1% del capital social».
Amparados en la ley 27.742 de facultades extraordinarias delegadas por el Congreso de la Nación, desde Casa Rosada «aceleraron» con el proceso privatizador del Banco Nación, con el telón de fondo de las investigaciones por la mega estafa de los «cripto-garcas», «difundida» por el propio presidente de la Nación, desde su cuenta personal de X (ex Twitter), hoy sujeto a investigación judicial en el país e incluso en EEUU, con intervención hasta del FBI.
Sin embargo, apenas una semana después, es decir, el 25 de febrero, las aspiraciones del gobierno hallaron su primer obstáculo en la justicia vernácula, algo que, de una u otra manera, explica también su presurosa pretención de designar a los dos ministros de la Corte Suprema, sin esperar la aprobación del Senado, Manuel García Mansilla y Ariel Lijo, el primero ya en funciones, luego que en la víspera le tomaran juramento sus ahora pares y el segundo, el más cuestionado, con la promesa de considerar su solicitud de licencia extraordinaria a su cargo de juez federal, el venidero 6 del corriente, para que el gobierno «apriete el pomo», pese a sus aspiraciones de contar con ambas designaciones para el inicio de sesiones ordinarias del Congreso, el 1° de marzo, con el discurso de Javier Milei y el «Carnaval» libertario.
El juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, dictó una medida preventiva que suspendió el decreto de transformación del Banco Nación en Sociedad Anónima.
En efecto, el juez Alejo Ramos Padilla, del juzgado federal de La Plata, dictó una medida preventiva que suspendió los alcances del decreto presidencial N° 116/2025, que transforma al Banco Nación en Sociedad Anónima, al considerar el magistrado que el gobierno nacional «podría haber excedido los límites establecidos por el Congreso al realizar la delegación de facultades», referida párrafos arriba.
Asimismo, el juez Ramos Padilla señaló que «según la Carta Orgánica del banco, aprobada por la Ley 21.799, cualquier cambio en su condición jurídica requiere una ley del Congreso de la Nación».
Fundado en 1891, por el entonces presidente Carlos Pellegrini, «como un medio para resolver los embates de una devastadora crisis económica que afectaba, en especial, al sistema bancario existente en ese momento, convirtiéndose en pocos años en el mayor banco comercial argentino, el Banco de la Nación Argentina supone un bien nacional, cuyo valor de «mercado» se estima en no menos de 30 mil millones de dólares.
Pese a todo, durante el último año ya la «motosierra» comenzó a abrirle camino a los sueños privatizadores, dentro de un «tupido bosque» de hipertrofia burocrática: la dotación de empleados se redujo en un 7 por ciento del total, mediante un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas que superaron los mil trabajadores. Al mismo tiempo se suprimieron algunas áreas y se planteó el cierre o relocalización de sucursales, como ocurre en el Oeste, con la «mudanza» de la sucursal de Ramos Mejía a Ciudadela, en procura de distritos con tasas municipales más «amigables» con el sector financiero.
«Dios Bendiga a la República Argentina» (by Adorni).
Final abierto. Fin.