La iniciativa, por la cual se crea el Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de los niños, niñas y adolescentes (denominada Ley Lucio), fue aprobada hoy por unanimidad por la Cámara de Diputados y pasará ahora al Senado. La norma unifica tres proyectos de las diputadas Roxana Reyes y Paola Vessvessian y el diputado Martín Maquieyra.

El Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas Niños y Adolescentes estará destinado a las personas que se desempeñan en áreas y dependencias de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado Nacional, que forman parte corresponsable del Sistema Integral de Promoción y Protección de los derechos de los Niñas Niños y Adolescentes. Podrán también ser destinatarios del citado Plan, agentes de las administraciones provinciales, municipales y de organizaciones sociales, Deportivas, Recreativas y Culturales, en el marco de convenios de cooperación y colaboración con la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.

Al exponer en la sesión, Roxana Reyes , titular de la Comisión de Familia, Mujer y Juventudes de la Cámara baja, explicó que “necesitamos docentes que puedan detectar un alerta, una mirada, un golpe, una señal, un dibujo. Necesitamos que estén capacitados todos los que trabajan con el sistema de niñez. Necesitamos una Policía, un sistema de seguridad con perspectiva de niñez, que no se deje llevar porque le digan que fue un accidente, un golpe, que se tropezó o se golpeó jugando. Todas cuestiones que un niño no se atreve a denunciar”.

 

Y agregó que “desde los organismos que se ocupan de la niñez deben trabajar en que haya presupuesto para esto. Tiene que haber un presupuesto asignado a una capacitación obligatoria, no podemos tener un niño, niña o adolescente que no esté debidamente abordado en todas las problemáticas que lo atraviesan”.

“Los jueces también deben tener esa mirada transversal de niñez: rapidez, celeridad, vocación, trabajo, conciencia, capacitación de que los más vulnerables no pueden ir a ejercer sus derechos por sí solos, necesitan que nosotros seamos su voz”, dijo Reyes.

Algunos de los principios fundamentales de la ley son velar por el respeto de la Convención de los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución Nacional y por las disposiciones de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; generar las condiciones para una convivencia social fundada en vínculos de afecto y confianza que se definen como “buen trato”, fundamental para el desarrollo de proyectos de vida por parte de las nuevas generaciones; promover los espacios y metodologías necesarias al efecto de garantizar el derecho a ser oídos de las Niñas Niños y Adolescentes en todos los procesos administrativos y judiciales, conforme el principio de la autonomía progresiva, receptado tanto en la Ley 26.061 como en el Código Civil y Comercial de la Nación.

En este marco se deberá propiciar el derecho a la Participación de Niñas, Niños y Adolescentes, en los distintos ámbitos sociales y comunitarios, poniendo énfasis en la posibilidad de incidir en el diseño de políticas públicas que afectan sus intereses y derechos.

La autoridad de aplicación de la ley será la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la cual, entre otras cosas, deberá elaborar los contenidos del Plan Federal de Capacitación en articulación con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (COFENAF).

Durante la sesión, la diputada Marcela Coli, recordó que “estos proyectos nacieron desde el dolor, desde la pérdida, como fueron los casos de Lucio y de Abigail , bajo un contexto de violencia muy importante”.

“Es fundamental velar, cuidar, cuando ocurren estos contextos de violencia, al que puede llegar a denunciar, al que se anima a denunciar, para llegar a tiempo en aquellos casos donde la violencia avanza”, agregó Coli.

Luego, Gabriela Lena dijo que “las diferentes formas de violencia contra niños y niñas representan un problema grave, frecuente y multidimensional. Y el sistema actual es errático y descoordinado, y no garantiza el pleno de derecho de nuestros niños, niñas y adolescentes a vivir una vida libre de violencia”.

“Sabemos que solo con un cambio de ley no vamos a erradicar la violencia o el abuso de niños y niñas – continuó Lena-, pero debemos empezar a capacitar a todos los actores involucrados en su defensa, otorgarles un marco legal, proteger la identidad del denunciante y garantizar que sus derechos se cumplan, algo en lo que el Estado no puede seguir mirando para el costado cuando hay cualquier tipo de violencia”

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