La Justicia investiga a cuatro estudiantes de 4° año del nivel secundario del colegio Thomas Alva Edison, de Ituzaingó. Los adolescentes de entre 15 y 16 años están acusados de utilizar herramientas de Inteligencia Artificial para alterar fotografías de alumnas, generar contenido de índole sexual sin su consentimiento y comercializarlo. Entre las víctimas se encuentra incluso una niña de 7 años que asiste al nivel primario de la misma institución.

La causa cuenta con dos denuncias formales: la primera fue radicada por la familia de una de las afectadas en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Ituzaingó, y la segunda fue realizada por el propio director del establecimiento, Rodrigo Herrera. El expediente quedó a cargo del fiscal Pablo Cabrejas, titular de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 del Departamento Judicial de Morón.

Según la investigación, los involucrados tomaban fotografías reales que las alumnas publicaban en sus redes sociales personales y, mediante aplicaciones de IA, editaban los cuerpos para exhibirlas desnudas o en posturas de carácter explícito.
Un aspecto central del caso radica en que los acusados monetizaban el material producido, obteniendo ingresos económicos por su distribución. El hecho salió a la luz luego de que uno de los miembros del grupo, disconforme por haber quedado excluido del reparto de las ganancias reunidas, filtrara las maniobras que realizaban sus compañeros.
La causa se tramita bajo la figura del artículo 128 del Código Penal, norma que sanciona la producción, distribución, divulgación y tenencia de material de explotación o abuso sexual infantil. Este delito prevé penas de hasta 6 años de prisión, escala penal que podría incrementarse de confirmarse que entre las víctimas hay menores de 13 años.
Frente a la gravedad de los hechos, las autoridades del colegio Thomas Alva Edison emitieron un comunicado dirigido a los padres en el que calificaron la situación como un «conflicto» que «requiere unificar criterios y reforzar las pautas de cuidado, ya que involucra la privacidad, seguridad e integridad de estudiantes».


En el mensaje explicaron que, si bien la alerta inicial surgió en 4° año, el avance de la investigación interna reveló nuevos elementos con imágenes de alumnos de diferentes cursos. Como primera medida preventiva, los cuatro estudiantes acusados fueron apartados de las clases presenciales.
Asimismo, la dirección convocó a reuniones informativas y de concientización con los distintos cursos de nivel secundario con el objetivo de abordar la crisis de forma institucional, brindar herramientas de contención y definir pautas claras sobre el uso responsable de la tecnología y el respeto a la intimidad.

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